Nuevo León se encuentra a unas cuantas horas del caos. El gobernador del Estado, Samuel García, ha publicado la noche de este viernes un decreto en el que establece que el único recinto oficial del Ejecutivo del Estado es el Palacio de Gobierno, en el corazón de la ciudad de Monterrey. García ha ordenado el blindaje de la sede y un grupo de policías antimotines estatales han comenzado a rodear el recinto.
La maniobra de última hora de García busca garantizar que quien asuma el puesto como encargado de despacho a la medianoche sea su secretario de Gobierno, Javier Navarro, para que el control del Ejecutivo permanezca en manos de su partido, Movimiento Ciudadano. Así, García podría impedir que el vicefiscal Luis Enrique Orozco jure el cargo, a pesar de haber sido electo por el Congreso —formado por una mayoría del PRI y el PAN—. “No va a haber violencia, no se va a usar la fuerza, para eso están los tribunales”, ha mencionado García esta noche.
También de última hora, un juez de distrito ha revocado el nombramiento de Orozco como gobernador interino. El magistrado ha argumentado que el Congreso tiene que respetar el voto de los ciudadanos de Nuevo León y permitir que el nuevo titular del Ejecutivo sea de la misma plataforma electoral que Samuel García, es decir, de Movimiento Ciudadano. Esta es la segunda ocasión que un tribunal echa para atrás la designación de un gobernador de un partido distinto al de García. “Es la segunda vez que hacen el ridículo”, comentó García sobre la decisión del juez. Por su parte, Navarro ha insistido a la prensa local que será él quien asuma el cargo en el primer minuto de este sábado.
García tiene como límite esta noche para dejar la gubernatura y acceder a una licencia para continuar con su aspiración como el candidato a la presidencia de su partido. Tanto sus aspiraciones como la gubernatura de Nuevo León podrían quedar en el limbo jurídico el primer minuto de este sábado, si no queda claramente designado un gobernador interino. A partir de este sábado inicia la licencia que le había concedido el Congreso local al gobernador electo para ausentarse por seis meses. Sin embargo, en los últimos tres días, desde su regreso express al cargo para evitar la imposición de su sustituto se ha desencadenado una incipiente crisis de gobernabilidad en la entidad.
Este embrollo jurídico involucra a tres poderes: al Ejecutivo local, el Poder Judicial local y el federal. Una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establece que es facultad del Legislativo del Estado nombrar al mandatario sustituto por la ausencia de más de 30 días del gobernador. Sin embargo, dos jueces han concedido dos suspensiones que se contraponen a lo dictado por el tribunal. La primera establece que el gobernador sustituto debe ser emanado de las filas de Movimiento Ciudadano y ser electo por unanimidad. La segunda, y más controvertida, cancela temporalmente la solicitud de licencia de García, con ello se le impide dejar el cargo lo que, en consecuencia, desmorona su aspiración presidencial. La pregunta es: ¿Quién gobernará la entidad a partir de este sábado?
El costo de su breve regreso de tres días ha sido alto para García. Además de valerle el retiro de sus anuncios de radio y televisión por orden del Instituto Nacional Electoral (INE), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha solicitado la cancelación de su registro. El argumento es que al mismo tiempo ostenta un cargo público y es precandidato presidencial. A este lío se suma el incidente de incumplimiento de sentencia que presentó García ante la Sala Superior del Tribunal Electoral para invalidar el nombramiento del vicefiscal Luis Enrique Orozco como su sustituto. La resolución de este recurso se perfila sea resuelto en las próximas horas.
García ha acusado de desacato al Congreso de la entidad ante un tribunal federal. Esto obedece a que el pasado martes, un día antes de la designación de Orozco como gobernador interino, en medio de un ambiente de violencia, el juez de Distrito en materia laboral de la Ciudad de México, Gabriel Domínguez Barrios, realizó una interpretación de la sentencia del máximo tribunal electoral que ha ordenado al Congreso local elegir al mandatario interino. Sin embargo, fue más allá y estableció que el sustituto debe ser electo por consenso y además pertenecer a la misma extracción partidista del gobernador electo, es decir, de Movimiento Ciudadano.
El aspirante presidencial insiste en que sea su secretario de Gobierno, Javier Navarro, quien asuma el interinato a partir de este sábado 2 de diciembre para que él pueda concentrarse en la contienda presidencial los próximos seis meses. Sin embargo, de acuerdo a las suspensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la sentencia definitiva del Tribunal Electoral es facultad del Congreso local la designación del sustituto.
La mañana de este viernes el Poder Judicial de Nuevo León suspendió la licencia solicitada por el gobernador para contender por la presidencia de la República. García ha rechazado esa pelea legal argumentando que un tribunal estatal “no tiene competencia” en el asunto. “Es su nivel de desesperación”, así ha calificado Jorge Álvarez Máynez, coordinador de campaña de García, la suspensión del juez de distrito que le cancela temporalmente la licencia que le otorgó el Congreso local. Álvarez Máynez ha acusado a las dirigencias del PAN y del PRI, presididas por Marko Cortés y Alejandro Moreno, de buscar incendiar el Estado para frenar la candidatura de García. “Que bueno que se quiten la máscara. Lo que no quieren es que Samuel García compita. Porque va a jubilar al PRI y al PAN. Esto que hace el Poder Judicial de Nuevo León es inconstitucional. El asunto ya fue resuelto por un tribunal de rango constitucional”, señala en una de sus publicaciones en redes sociales. Además, Álvarez Máynez asegura que en solo 11 días del inicio de la precampaña, el abanderado del partido naranja ocupa el segundo lugar de la preferencia electoral sobre la abanderada de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.
García está obligado a dejar el cargo desde este 2 de diciembre, de lo contrario estará impedido para registrarse como candidato presidencial del partido naranja y participar en el proceso electoral de 2024. La Constitución establece en su artículo 82 como requisito irreductible para quien ostente algún cargo de secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de la República o gobernador y aspire a la silla presidencial, que este se separe de su puesto seis meses antes de la elección. “Es un requisito constitucional” señala la consejera del INE, Claudia Zavala.
